El modelo español de gestión hídrica es un referente mundial, pero las tarifas están entre las más bajas de Europa y no cubren la amortización de inversiones ni los gastos financieros, tal como exige la normativa europea. Expertos de PWACS alertan que la obsolescencia de infraestructuras amenaza el liderazgo y proponen la creación de un órgano regulador independiente para garantizar la sostenibilidad del recurso
El agua es el «oro líquido» que vertebra España. Pese a un estrés hídrico que afecta a dos tercios de su superficie, el país mantiene un modelo de gestión basado en cuencas hidrográficas que es un referente de éxito internacional. Su agricultura intensiva la posiciona como el mayor proveedor de frutas y verduras de Europa, y sus empresas son líderes mundiales en la gestión hídrica, gracias a la eficiencia, la digitalización y la reutilización de aguas residuales.
Sin embargo, este escenario es «muy delicado» y «también inestable». Según Juan Pablo López Heras, presidente de PWACS, consultora especialista en servicios públicos urbanos, el verdadero «talón de Aquiles» del sector es el déficit de inversión y su financiación. Gran parte de las infraestructuras de agua están obsoletas, construidas para una población de 30 millones de habitantes y una afluencia turística muy inferior a los 100 millones anuales actuales.
Tarifas bajas e incumplimiento normativo
Se necesita renovar urgentemente estas infraestructuras y construir otras nuevas para afrontar las necesidades actuales y cumplir con la normativa de la Unión Europea, cuyo incumplimiento acarrea importantes multas que pagan todos los contribuyentes.
La Directiva Marco del Agua Europea se basa en el principio fundamental de la recuperación de costes de las inversiones y gastos de financiación. En la práctica, esto no se cumple. Las tarifas españolas se encuentran entre las más bajas de Europa y no reflejan el coste de la inversión ni los gastos financieros.
PWACS identifica dos problemas centrales que perpetúan esta situación:
- Incoherencia regulatoria: La intervención municipal funciona de forma global y no salvaguarda los principios de recuperación de costes de la Directiva de la UE ni de la Ley de Aguas.
- El municipio como juez y parte: En España, cada ayuntamiento es titular de los servicios y, a la vez, su propio regulador tarifario. La subida de tarifas es impopular, especialmente en año electoral, lo que contribuye a que las tarifas estén muy por debajo de la media europea, pese a la mayor complejidad de tratamiento y la escasez de recursos que obliga a infraestructuras costosas (desaladoras, presas, trasvases)
La solución, un regulador del agua independiente
Los expertos de PWACS concluyen que la solución pasa por la creación de un regulador del agua.
Esta figura debería ser independiente de las administraciones locales (similar a los reguladores ya existentes en energía, telecomunicaciones o transporte) y encargarse de establecer fórmulas tarifarias que garanticen la recuperación de costes e inversiones.
Un regulador reduciría el riesgo de las inversiones y de su recuperación, facilitando la financiación a través de bancos, fondos de infraestructuras y fondos de capital riesgo. Esto permitiría cubrir el déficit de inversión que la Administración Pública no puede asumir, y permitiría cumplir con los compromisos marcados por la UE.
Este avance beneficiaría a los ayuntamientos, a las empresas gestoras (públicas, privadas o mixtas) y, finalmente, a los ciudadanos, quienes pagan y reciben los servicios. España, con su excelencia técnica, necesita este marco regulatorio para asegurar la viabilidad a largo plazo de su modelo hídrico.
